Los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas no
se resuelven con recetas fáciles. Ni la prohibición total del consumo –que
lleva a los consumidores a la cárcel– ni la libre venta y producción que
plantean los defensores de la legalización aportan soluciones. Existen vías
alternativas, programas que han tenido éxito y que pueden frenar algunos
efectos negativos de la actuales políticas antidroga. Es lo que proponen varios
expertos en políticas públicas de Estados Unidos, al comprobar que las leyes
actuales resultan ineficaces y solo están llenando las cárceles
norteamericanas.
Tres especialistas, coautores del libro Drugs and Drug
Policy. What Everyone Needs to Know, se apoyan en la idea de que la
generalización de unas medidas coercitivas no sirve para el caso del consumo de
drogas y, en cambio, interesa diseñar programas a medida para cada colectivo.
La mayoría de los que usan drogas no pueden considerarse adictos en el sentido
literal; pero un pequeño porcentaje, con verdaderos problemas de adición, es el
responsable de los delitos frecuentes de ese entorno, desde la violencia y
otros daños sociales hasta el tráfico ilegal a gran escala. Incluso ese pequeño
núcleo duro podría llegar a dejar de consumir, si las medidas de presión fueran
específicas y adecuadas para ellos, según aseguran los doctores Kleiman,
Caulkins y Hawken, unidos en esta investigación.
En un extracto de las conclusiones del libro, publicado por
The Wall Street Journal. plantean, por ejemplo, triplicar el impuesto sobre el
alcohol, algo que tendría un efecto inmediato sobre los adolescentes y los
bebedores que no se controlan y reaccionan violentamente o conducen en estado
de embriaguez. Esta medida podría combinarse con otra, experimentada en Dakota
del Sur por el juez Larry Long, que ofrece libertad a los reincidentes a cambio
de un mayor control. Se trata del programa 24/7 Sobriety, por el que los
bebedores peligrosos se someten a pruebas de alcohol dos veces al día. En el
99% de los casos, el resultado de la alcoholemia es negativo.
Una actuación parecida se propone para los adictos a drogas
como cocaína, heroína y otras sustancias peligrosas. Una vez que un consumidor
tiene antecedentes penales, se le podría exigir la abstinencia como requisito
para la libertad provisional, garantizándola con pruebas y análisis
establecidos. En el estado de Texas un programa llamado HOPE exige la tensión
de llamar a diario para preguntar si ese es el día en el que cada interesado
debe hacerse las pruebas. Con esta práctica se redujo en más del 80% el uso de
drogas entre los afectados y, en consecuencia, los posibles días de cárcel
disminuyeron también.
Otras acciones con éxito han sido las diseñadas para zonas
de Nueva York con alto nivel de crimen y desorden público por tráfico de
drogas, en las que se distingue a los vendedores que recurren a la violencia e
intimidación –que van a la cárcel– de los que no son violentos. A los del
segundo grupo se les presiona con las pruebas obtenidas –grabaciones,
testimonios, etc.– y se les ofrece una última oportunidad de ayuda para evitar
la cárcel, si deciden no seguir traficando.
La posibilidad de legalizar el consumo y la producción de
droga, que se propone cíclicamente como un eslogan libertario en ciertas
campañas políticas, no tiene futuro, en opinión de estos expertos. Mientras las
prisiones se llenen por este tipo de delito, aplicando a todos las mismas penas
indiscriminadamente, los Estados tendrán que aumentar sus presupuestos, pero no
se vencerá el gran problema de la droga tan extendido en Estados Unidos, México
y América Central.
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